La Ley 8/2013 de carreteras de Galicia (art. 21) y el Decreto 66/2016 por el que se aprueba el Reglamento general de carreteras de Galicia (art. 49) determinan los casos en los que los estudios y proyectos deben ser sometidos a los trámites de información pública en materia de carreteras y de informe de las administraciones afectadas. 

Por su parte, la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa (artículos 17 a 19) establece la necesidad de someter a información pública la relación individual de bienes, derechos y propietarios afectados por los proyectos para cuya ejecución se requiera realizar expropiaciones.